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Telefónica reinventa el servicio básico de TV e Internet con “Imagenio Flexible”
La compañía que preside César Alierta ha renovado el paquete mínimo que hasta ahora ofrecía a los clientes que quisieran disfrutar de TV a través del ADSL al precio más bajo posible.
En este sentido, desde esta semana Telefónica ha puesto en el mercado un servicio de televisión a través de banda por 10 euros al mes, que incluye acceso a los canales generalistas y específicos de la TDT, los autonómicos y los canales de noticias internacionales, el alquiler del descodificador y una opción temática en la contratación entre las distintas ofertas de la plataforma, como cine, series, infantil, música, documentales y deportes.
No obstante, el nuevo servicio no incluye el canal de la TDT de pago, Gol Televisión, dentro de su oferta deportiva.
Sin embargo, el director de contenido y aplicaciones de Telefónica en España, Ignacio Fernández Vega, ha anunciado que el cliente podrá ampliar este paquete básico con servicios adicionales por un incremento de 5,5 euros al mes al precio del abono mensual.
Además, el servicio mínimo de 10 euros permitirá el acceso de los clientes al videoclub, al pago por visión (PPV) y a todos los contenidos contratables a la carta que están disponibles en la modalidad Familiar (el paquete contratado por la mayoría de los clientes de Imagenio, más del 90% de los 702.000 abonados, y que cuesta 20,9 euros al mes).
Por otro lado, la compañía ha informado que el 10% de clientes que actualmente disfrutaban ya del servicio mínimo de Imagenio, 100.000, aproximadamente, pasarán automáticamente al paquete Flexible conservando las condiciones de la anterior modalidad.
Ahora sólo le queda esperar a Telefónica que los españoles que aun no disfruten de un descodificador de TDT entiendan las ventajas del servicio de pago que están ofreciendo. Porque, no olvidemos, que la televisión analógica tiene sus días contados y que lo que ofrece la oferta de Telefónica puede ser una buena alternativa a la compra de un descodificador de TDT para continuar disfrutando de los contenidos analógicos de la caja tonta.
Suben un 23% en 2009 las quejas a los operadores
Las operadoras de telecomunicaciones recibieron 30.423 reclamaciones en 2009, una cifra que supuso un aumento del 23% en 2009, respecto a los datos obtenidos el año anterior, según ha informado la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En concreto, las empresas del sector que acumularon más quejas de los usuarios fueron Ya.com, en telefonía fija, Internet, paquetes de voz y datos, y atención al cliente y Yoigo, en telefonía móvil.
En este sentido, por un lado, Ya.com recibió en telefonía fija 11,58 reclamaciones por cada 10.000 abonados, en acceso a Internet 29,32 y en atención al cliente 7,7. Por otro lado, Yoigo sufrió 3,64 quejas por cada 10.000 abonados en telefonía móvil.
Al otro lado de la clasificación se encuentran Telefónica, en telefonía fija, Internet y paquetes de voz y datos, Vodafone, en telefonía móvil y, nuevamente, Yoigo, en atención al cliente, con menor número de quejas.
Concretamente, en primer lugar, Telefónica recibió en telefonía fija 2,25 reclamaciones por cada 10.000 abonados, en acceso a Internet, 0,73 y en paquetes de voz y datos, Telefónica, 1,79. En segundo lugar, Vodafone padeció en telefonía móvil 2 reclamaciones por cada 10.000 abonados y, en tercer lugar, Yoigo, con 0,25 quejas en atención al cliente.
Respecto al resto de operadoras, es remarcable que Tele2 y ONO recibieron en telefonía fija 9,4 y 3,69 reclamaciones por cada 10.000 abonados, respectivamente; en telefonía móvil, Orange sufrió 3,41; en acceso a Internet, Orange y ONO registraron 8,10 y 1,96, respectivamente; y en paquetes de voz y datos y atención al cliente, Orange padeció 12,54 y 7,48 quejas, respectivamente.
Por otro lado, del total de reclamaciones que se recibieron en 2009, se resolvieron el 83,7%, 24.538, la mayoría a favor de los usuarios.
Esperemos que en 2011 la noticia sea que los usuarios ya no se quejan tanto a las operadoras porque el servicio ofertado satisface mejor sus expectativas.
Pacto por la reducción de la brecha digital en Europa, Latinoamérica y Caribe
Representantes de la Unión Europea, América Latina y Caribe han firmado un documento conjunto en Segovia, donde se comprometen, entre otros aspectos, a reducir las diferencias de acceso a las nuevas tecnologías en sus respectivos territorios.
En el marco del V Foro Ministerial Unión Europea (UE) – América Latina (ALC) sobre Sociedad de la Información, una treintena de países como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Italia o Reino Unido han acordado, en el parador de Segovia, “La Granja”, trabajar en la misma dirección en los siguientes temas: el impacto de las nuevas tecnologías de la información, la importancia de la banda ancha para el avance hacia el acceso de todas las personas del mundo a Internet o la capacidad de las tecnologías para generar crecimiento sostenible y crear empleo, entre otras cuestiones. Un texto del cual desde el país anfitrión, España, se espera mucho.
En este sentido, el Secretario de Estado para las Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha manifestado su deseo expreso de que el escrito no se quede como una buena declaración de intenciones, sino que ” sea un documento importante, con contenido y compromisos de avance, desarrollo y cooperación”.
Además, el director general de la Dirección General de la Sociedad de la Información y Medios de la CE, Fabio Colasanti, ha añadido en su ponencia que “es necesario invertir para garantizar el acceso rural” a la banda ancha antes de 2013, ya que, ha comentado que, a pesar de que la banda ancha alcance al 93% de la población en el conjunto de Europa, la cobertura se reduce al 25% de la población en el espacio rural.
Por otro lado, el redactado final del texto será presentado en la cumbre Unión Europea- Latinoamérica Caribe, que tendrá lugar el 18 de mayo en Madrid. Esperemos que, a partir de esa fecha, las instituciones públicas aumenten el apoyo al despliegue de la banda ancha entre todos sus contribuyentes.
Un juez de Barcelona dicta a favor de enlazar a redes P2P
El Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores (SGAE) contra Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).
De esta manera, gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural, a través de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.
En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.
Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.
En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE. Tras esta acción, vemos una muestra importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.
No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.
Nace una web para combatir la polémica “ley antidescargas”
Esta semana ha nacido un nuevo colectivo dispuesto a defender la libre circulación de contenidos en Internet. Se llaman “La Lista de Sinde” y se autoinculpan por ofrecer en sus páginas webs contenido “pirata”.
Se trata de una reacción a la lista que confeccionó la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (representante de la industria cultural) y entregó al Ministerio de Cultura para que este clausure 200 webs por permitir la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Además, la iniciativa responde, según detallan en la portada de su página web, a la intención de la Ministra de Cultura y antigua guionista y directora de cine, Ángeles González-Sinde, de “crear una comisión censora con potestad para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo”.
De momento, la lista está formada por 1180 webs, pero no está cerrada en absoluto. De hecho, la intención de los impulsores es que se propague como la pólvora por todas las webs en español sensibles a la causa. Ya que, el único requisito para formar parte del listado es ofrecer un enlace a un contenido descargable. Y ellos lo ponen muy fácil, a través de un código que genera un buscador de enlaces Torrent (compatibles con el sistema de descargas Peer to Peer, Bittorrent, entre otros).
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos es un lobby creado en 2008 para presionar por el endurecimiento de la ley de propiedad intelectual y otras medidas en contra del intercambio de ficheros en redes Peer to Peer (P2P).
En los últimos meses todo este tema ha cobrado mayor importancia a propósito de la redacción de la disposición final primera del anteproyecto de ley de economía sostenible del Ministerio de Cultura y que otorgaría plenos poderes a una hipotética Comisión de Propiedad Intelectual para enjuiciar eventuales vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, sin juicio previo.

