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Los jóvenes creen que hagan lo que hagan en internet están protegidos por el anonimato cibernético y que quedarán impunes.

Nada más lejos de la realidad. El Defensor del Menor, Arturo Canalda, expuso ayer que los delitos informáticos cometidos por adolescentes (entre 14 y 18 años) “se han incrementado mucho”. Aunque no ofreció el número de infracciones, Canalda hizo ayer referencia a las informaciones que le pasan tanto la Fiscalía de Menores como el Poder Judicial.

Acoso cibernético.

Los delitos que suelen cometer los jóvenes en internet son, sobre todo, el acoso a compañeros de estudios, la suplantación de identidades en chats y la violación de los correos electrónicos de terceros, además del uso de datos privados, como fotos, para burlarse públicamente de otros menores o de adultos.

El Defensor ha creado una guía llamada e-legales para advertir a los jóvenes de que estos actos tienen consecuencias penales y económicas, al tiempo que avisa de que “la policía tiene medios para perseguirlos” y rastrearlos.

Ser usuario de una red social puede conllevar riesgos, sobre todo para los menores de edad. Por eso esta semana, y con motivo del Día Europeo de Internet Seguro, los 17 portales más populares en Europa han acordado con la Comisión Europea crear mecanismos para impedir el ciberacoso. Introducir un botón de denuncia de abusos, crear herramientas para verificar la edad de los menores o asegurar que los perfiles de éstos sean privados son algunas de las propuestas de Bruselas. Las medidas que adopte cada portal serán comunicadas a la CE antes de final de abril. En Europa hay 40 millones de usuarios de redes sociales. En 2008 se registraron un 38% más que el año anterior. Para 2012 habrá 107 millones, según la previsión de la CE.

También esta semana, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido de los problemas de privacidad derivados de registrarse en estos sitios, que en España son frecuentados por ocho millones de usuarios, el 44 por ciento de los internautas. Entre los problemas detectados está la dificultad para darse de baja del servicio. Es un proceso «complejo e intrincado» -dijo el director de la AEPD, Artemi Rallo- no sólo en cuanto a los trámites sino también por la dificultad para conseguir la baja efectiva: las webs desactivan el perfil pero no eliminan la información publicada en los perfiles de otros usuarios.

Según el estudio de la AEPD, elaborado en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) a través de encuestas a 2.860 internautas, casi cuatro de cada diez usuarios de redes sociales en España tienen de 15 a 24 años. Y siete de cada diez son menores de 35 años. La mayoría utilizan estas redes para compartir o subir imágenes (72%), enviar mensajes privados (62), comentar las fotos de los amigos (55) y cotillear (46). Un dato llamativo del estudio es que casi la mitad (43%) comparten los datos con el resto de internautas. Y es que cuando un usuario se registra, el sistema está diseñado por defecto para que toda la información sea pública. El internauta debe configurar el nivel de privacidad para proteger sus datos. La AEPD ve por ello la necesidad de que los portales cambien este sistema para que por defecto se ofrezca la máxima privacidad.

Peligros por la utilización.

Aunque los usuarios proporcionan la información de forma voluntaria, la AEPD ve conveniente que los portales informen de los efectos de ser usuario de una red social. Además, denunció Rallo, «las cláusulas informativas son difícilmente comprensibles para aquellos sin conocimientos jurídicos ni tecnológicos». Indicó también que los menores de 14 años años necesitan el permiso de los padres para registrarse.

BEUC dice que la adquisición propuesta haría daño tanto a consumidores como a competidores en la Unión Europea.

Como si la fusión propuesta de Google con DoubleClick no se hubiese topado con bastantes problemas en Estados Unidos recientemente, un grupo de presión de la Unión Europea ha comenzado atacar el acuerdo desde el otro lado del charco. La Organización Europea de Consumidores (BEUC) canalizó la crítica sobre el trato con una carta para el cabeza de la Comisión Europea el miércoles, la agencia encargada de revisar la fusión.

Principalmente, la BEUC expresó preocupación por que la fusión podría dañar a los consumidores europeos reduciendo su privacidad. “…la adquisición permitiría a las dos compañías combinar sus bases de datos masivas de información sobre usuarios de internet, y eliminar incentivos competitivos que las dos compañías por otra parte tendrían que salvaguardar la intimidad de los usuarios”. decía la carta.

Así lo recoge uno de los artículos de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), o también conocida como la ley de internet, declarando en primera instancia el derecho universal a disponer de una línea de banda ancha independientemente del tipo de tecnología que se utilice, ya sea adsl, cable, WiMax, LMDS, o satélite entre otras.

Han pasado ya varios años, desde que la unión europea, otorgó a España, una considerable inyección económica para adaptar nuestro entorno urbano y rural a las nuevas tecnologías, los famosos fondos Feder. De hecho el límite para poder disponer de banda ancha en cualquier ubicación de España, finaliza a finales de este año 2007.

Sin embargo la realidad es que no sólo no se puede conectar a través de banda ancha desde muchos miles de pueblos de España, sino que ni siquiera existe alternativa de conexión por métodos tradicionales. La nueva LISI, hace su aparación abanderada también por el cumplimiento del compromiso de que la banda ancha sea un derecho universal, y cualquier ciudadano independientemente de donde se encuentre ubicado en España, tenga una conexión de banda ancha si así lo desea.

Desde luego, quien ha redactado la ley, o tiene un afán de protagonismo desmesurado, y lo único que pretende es colgarse una medallita más, o desconoce por completo los compromisos que a día de hoy existen ya con la unión europea, que suponemos que de nuevo hará sus deberes y le pasará otra jugosa factura a los órganos reguladores competentes, porque la LISI se toma un año de gracia, que la unión europea no concedió.

De hecho el plan director de infraestructuras de banda ancha, está planificado para los años 2004-2007.

Texto íntegro del documento:

“El objetivo del Programa de Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas (EBA) es conseguir antes de 2008 la disponibilidad de banda ancha en las zonas rurales y aisladas del territorio español en unas condiciones técnicas y económicas similares a las existentes en las zonas urbanas.

Todo esto en coordinación con iniciativas similares de las Comunidades Autónomas y bajo el principio de neutralidad tecnológica y concurrencia de operadores.

Este programa permitirá acceder a la banda ancha a una población estimada en 8,5 millones de habitantes. Esta población se distribuye en más de 5.700 municipios a lo largo de las 2 fases de ejecución del programa en el que participan 14 Comunidades Autónomas y colaboran 3 adicionales.”

El buscador tiene un curioso principio que rige su ideología ética: ‘No seas malvado’. Aplicado a un entorno competitivo y a medida que la complejidad de su negocio se multiplica, con compras como las de YouTube y DoubleClick, mantenerlo se antoja complicado.

Cuando Google decidió comprar la empresa de publicidad en red, DoubleClick, hace cinco meses, provocó la irritación de muchos en la industria. Varios gigantes estadounidenses, desde Microsoft a AT&T, mostraron su preocupación ante el nuevo poder del grupo. Los reguladores antimonopolio se pusieron en alerta. Los grupos de consumidores se quejaron.

El acuerdo también supuso uno de los ejemplos más claros hasta la fecha de cómo ha cambiado Google. Hace tan sólo dos años, la compañía abandonó una adquisición potencial de DoubleClick, preocupada por la posibilidad de que una parte esencial del método de trabajo de la empresa de publicidad en red (el uso de cookies para recopilar bancos de datos sobre los usuarios y enviarles propaganda) pudiera entrar en conflicto con los archiconocidos principios de los fundadores de Google.

Al avanzar con el acuerdo la pasada primavera, Google mostró cómo había luchado por lograr aplicar sus preciados principios de negocio en la práctica, incluido su conocido lema interno: No seas malvado. Sus fundadores mantienen con firmeza que sus ideales marcarán la diferencia a largo plazo. “Nunca antes ha habido grandes compañías con este tipo de ética”, comentó recientemente Larry Page. “Creo que podemos ser una fuerza positiva”.

Críticas.

No es así como lo ven algunos expertos. El acuerdo con DoubleClick ha elevado el número de quejas de que Google ha abusado de sus usuarios (invadiendo la privacidad de sus datos, así como adulterando los resultados de búsqueda con una cantidad cada vez mayor de publicidad) y ha pisoteado a socios potenciales en el negocio.

Antiguos ejecutivos y otros observadores exponen que la naturaleza cada vez más compleja de las actividades de Google, particularmente a medida que se adentra en mercados nuevos como el área en el que opera DoubleClick, le está obligando a adaptar y, en algunos casos, a alcanzar compromisos con sus principios fundacionales.

Al enfrentarse a un número creciente de rivales comerciales y adversarios legales con respecto a los derechos de autor y otras cuestiones, no es extraño escuchar estos días comparaciones con una compañía de Silicon Valley a la que muchos adoran odiar: Microsoft.

En parte, se trata de una cuestión de imagen. “A medida que ganas poder, es lógico que la gente piense de este modo”, aseguró Page. Pero la reacción violenta también tiene su fundamento. “Cuando eres una compañía adulta”, explica David Yoffie, profesor de la Harvard Business School, “el eslogan No seas malvado resulta demasiado simplista. Tienes que evolucionarlo y desarrollarlo”.

La decisión de Google, tomada a principios de año, de lanzar un motor de búsqueda censurado en China se convirtió en la primera señal de alarma, ya que su postura se oponía claramente a su autoproclamada misión: “hacer que la información mundial sea universalmente accesible y útil”. Incluso algunos de los opositores a la decisión reconocen que es difícil criticar a Google por ello. “Es razonable y ético.

La gente puede estar en desacuerdo con respecto a cuál es la mejor senda a escoger [cuando se negocia con China]”, asegura Jonathan Zittrain, profesor de Gobierno y Regulación de Internet de la Universidad de Oxford, que se opuso personalmente a esta decisión.

De todos modos, cada vez hay más evidencias de que las vagas reivindicaciones de Google sobre su superioridad ética están fracasando. “Creo que su punto de vista se centra en que lo que resulta bueno para Google es bueno para el resto del mundo”, critica un socio de la compañía. “Todos los Estados alcanzan esa conclusión en un momento determinado”.

Un ejecutivo que ha trabajado estrechamente con los socios más importantes de Google añade: “Estoy completamente seguro de que su intención es buena, pero el problema reside en que intentan aplicar este principio [No seas malvado] a situaciones empresariales cada vez más complicadas”. A medida que Google crece mediante adquisiciones, los desafíos se multiplican.

La compra el año pasado del portal de vídeos YouTube por 1.650 millones de dólares (1.177 millones de euros) resume la tensión entre los principios de Google, en contra de la norma establecida, y su nuevo estatus en el corazón del establishment de las grandes compañías, como consecuencia de los frecuentes envíos de los usuarios de la página de música, vídeos de deportes y películas sujetos a derechos de autor, que provocan roces con los grupos de medios de comunicación de todo el mundo.

Derechos de autor.

Para sus críticos, el acuerdo con YouTube confirmó el desprecio de Google hacia los derechos de los propietarios de medios de comunicación. Las compañías de Internet no pueden ser demandadas por colgar contenidos que infrinjan los derechos de autor, ya que responden con rapidez a las peticiones de su retirada.

La compañía ha dedicado gran parte de este año a desarrollar un sistema de huellas digitales para intentar facilitar la identificación de los materiales sujetos a derechos de autor. Sus oponentes exponen, en cambio, que ha dado largas deliberadas a esta tecnología y también que el trabajo sobre huellas digitales supone el reconocimiento de que Google no ha hecho hasta ahora lo suficiente para cumplir con sus responsabilidades legales.

La propia Google insiste en que la resolución de las disputas es una prioridad. Estas disputas no sólo tienen que ver con el riesgo a ser demandados. Si no se resuelven, podrían afectar al futuro desarrollo de una industria que probablemente dependa cada vez más de la colaboración entre los operadores de Internet, como Google, y los grupos de medios de comunicación afectados. “Si los socios potenciales no están contentos con nuestro progreso, no obtendremos los mejores contenidos disponibles”, explica Nigel Jones, responsable de Asuntos Legales de Google en Europa.