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El Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores  (SGAE) contra  Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).

De esta manera,  gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural,  a través  de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.

En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.

En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE.  Tras esta acción, vemos una muestra  importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.

No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.

Esta semana ha nacido un nuevo colectivo dispuesto a defender la libre circulación de contenidos en Internet.  Se llaman “La Lista de Sinde” y se autoinculpan por ofrecer en sus páginas webs contenido “pirata”.

Se trata de una reacción a la lista que  confeccionó la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (representante de la industria cultural) y entregó al Ministerio de Cultura para que este clausure 200 webs por permitir la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Además, la iniciativa responde, según detallan en la portada de su página web, a la intención  de la Ministra de Cultura y antigua guionista y directora de cine, Ángeles González-Sinde, de “crear una comisión censora  con potestad para cerrar y bloquear webs sin las garantías de un juicio previo”.

De momento, la lista está formada por 1180 webs, pero no está cerrada en absoluto. De hecho, la intención de los impulsores es que se propague como la pólvora por todas las webs en español sensibles a la causa. Ya que, el único requisito para formar parte del listado es ofrecer un enlace a un contenido descargable. Y ellos lo ponen muy fácil, a través de un código que genera un buscador de enlaces Torrent (compatibles con el sistema de descargas Peer to Peer, Bittorrent, entre otros).

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos es un lobby creado en 2008 para presionar por el endurecimiento de la ley de propiedad intelectual y otras medidas en contra del intercambio de ficheros en redes Peer to Peer (P2P).

En los últimos meses todo este tema ha cobrado mayor importancia a propósito de la redacción de la disposición final primera del anteproyecto de ley de economía sostenible del Ministerio de Cultura y que otorgaría plenos poderes a una hipotética Comisión de Propiedad Intelectual para enjuiciar eventuales vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, sin juicio previo.