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Según informó el viernes el gobierno tras el Consejo de Ministros, esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado los detalles relacionados con el pago de las televisiones privadas y las empresas de telecomunicaciones para financiar la Radio Televisión Pública Española (RTVE).

En concreto, las cadenas deberán ingresar a las arcas del Estado el 3% de los ingresos brutos anuales, las televisiones de pago un 1,5% y las compañías que operan en el mercado español de las telecomunicaciones el 0,9%.

Gracias a esta “ayuda”, la televisión de todos y libre de publicidad desde enero de 2010 conseguirá una aportación de 1.200 millones de euros, cifra que se sumará a las aportaciones directas del Gobierno, contempladas en los Presupuestos del Estado y a la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico.

La principal oposición a esta decisión del Gobierno ha venido de parte de las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), que reunidas en la asociación Redtel, han mostrado su rechazo al pago a RTVE, ya que entienden que no se han visto beneficiadas por la ausencia de publicidad en las cadenas públicas de televisión. En este sentido, han manifestado que van a recurrir el reglamento a los tribunales.

Las televisiones privadas, reunidas en la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca), principales beneficiadas de la ausencia de publicidad en RTVE, únicamente han mostrado su disconformidad en el pago de la cuota del 2009, ya que entienden que ese año las cadenas de RTVE sí contrataban publicidad.

Por otro lado, el reglamento todavía tiene que pasar por un último escollo, ya que la Unión Europea todavía mantiene abierto un expediente sobre si las tasas se ajustan a las directivas de telecomunicaciones.

No obstante, el Gobierno ha actuado animado por la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea del modelo de financiación de la RTVE.

Esperemos que, finalmente, se llegue a una solución satisfactoria, tanto para el Gobierno como para las empresas del sector.

El presidente ejecutivo de la patronal del sector, Redtel, Miguel Canalejo, ha estimado en el marco del X Congreso de Telecomunicaciones, celebrado esta semana en Madrid, que el desembolso estimado en infraestructuras para el desarrollo de la banda ancha en España oscilará entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros en los próximos años.


En este sentido, ha advertido que los nuevos usos que están dando los internautas a las redes de telecomunicaciones puede derivar en un colapso en los próximos años, si no se invierte pronto en infraestructuras que soporten mayor tráfico de datos. Y es que la actual infraestructura está pensada para hablar por teléfono, en lugar de visualizar vídeos en streaming, subir fotos y chatear en tiempo real con los amigos y compañeros de trabajo.


De esta manera, ha aprovechado para reclamar a las administraciones públicas más inversión en este ámbito y ha criticado que el 70% del dinero desembolsado en España esté orientado hacia la obra civil, un hecho que no contribuye al cambio de modelo productivo de la economía española, más orientado hacia el I+D y la industria de valor añadido.


Por su parte, Canalejo ha sacado pecho de sus empresas afiliadas y ha recordado que estas han invertido 25.000 euros en estructuras adecuadas para la construcción de la Sociedad de la Información.


Además, ha mostrado su descontento por la reciente supresión por parte del Gobierno de la Dirección General de la Sociedad de la Información, ya que entiende que esta medida “no es el mejor mensaje” para el desarrollo de este sector.


Por otro lado, ha culpabilizado a las administraciones locales (los ayuntamientos) de hacer competencia desleal a las operadoras, al ofrecer conexiones wifi gratuitas a sus ciudadanos.
Sin duda, tienen mucha cordura las palabras del presidente de Redtel, sobre todo después de ver cómo el gobierno no escatima esfuerzos económicos en ayudar a empresas de la “vieja industria”, como las del sector automovilístico, por ejemplo.


No obstante, las operadoras también podrían aprovechar sus ingresos millonarios en ofrecer valor añadido y generar fidelidad entre sus clientes, en lugar de fomentar una fuga de estos con ofertas agresivas.

La organización española que integra a las principales empresas de telecomunicaciones que operan en el mercado nacional (Redtel) han tardado poco en pronunciarse en contra del primer redactado del texto que estos días ha hecho público la  Comisión Europea, fruto de los primeros resultados del Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), que se está negociando entre los países más ricos del mundo, como los integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o Corea.

En concreto, Redtel ha encontrado sorprendente que el borrador no contenga “ninguna mención a crear oportunidades de comercio” y ha criticado que no “sólo se ocupe de medidas penalizadoras”, sin tener en cuenta que el problema es que no hay una oferta legal de contenidos.

En este sentido, la asociación entiende que cualquier intento de resolver el asunto de la piratería con medidas coercitivas y restrictivas está condenado al fracaso.

Por otro lado, si nos centramos en lo que expresa el texto, el documento hace hincapié también en las falsificaciones, apuntando que se van a dar facilidades a los creadores europeos para que denuncien a cualquier tipo de infracción en este ámbito más allá de las fronteras de su país de origen.

No obstante, también se ha aclarado que el tratado final no obligará a los gobiernos a cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que descarguen de forma continuada archivos protegidos por derechos de autor, sino que mantendrá este poder, únicamente, en manos del estamento judicial.

El borrador del ACTA se puede descargar de manera gratuita a través de esta página web y es el primer resultado de duros meses de negociación (desde 2008 que se arrastra el proceso), entre los diferentes países industrializados del mundo, como Estados Unidos, Japón, Australia y los veintisiete de la Unión Europea.

En principio, si nada se tuerce, se espera para finales de año el redactado final y definitivo del acuerdo para formalizar y oficializar la lucha contra la piratería en el mundo.

Sin embargo, a pesar de tener el texto, el debate sobre la piratería seguirá vivo entre los detractores de la piratería y sus partidarios.