Se trata de adaptar a España las recomendaciones de la comisaria europea para la sociedad de la información, Viviane Reding, con el objetivo de facilitar y abaratar el uso de internet. Es su segunda gran batalla tras haber logrado abaratar las tarifas de los móviles. Es una auténtica revolución de la que va a depender el futuro de las grandes compañías de telecomunicaciones. Esto es lo que explica el enfrentamiento entre las compañías que operan en España.

De llevarse a cabo esta reforma como quiere la comisaria, la más perjudicada sería Telefónica, que cuenta con una red que llega a 19 millones de hogares. Se trata de una red vieja de hilos de cobre que parecía inservible para proporcionar internet y que sobre el papel no era competitiva con el cable de fibra óptica. Sin embargo, el desarrollo del ADSL permitió aumentar la capacidad de la red y hacerla competitiva.

Cuando se planteó la liberalización de las telecomunicaciones hace diez años se permitió que Telefónica siguiera siendo la propietaria de la red y se reguló el acceso de sus competidores a través de una serie de normas (OBA), de cuyo cumplimiento vela la CMT.

La generalización de internet y el mayor número de servicios hace que los expertos auguren que la red será insuficiente en diez años. Ante esta situación y la evidencia de que los viejos monopolios siguen controlando la red, el regulador se plantea dar un golpe de timón y aplicar en las telecomunicaciones el modelo que opera en los sectores de la electricidad o el gas, donde la experiencia ha aconsejado la existencia de un operador de la red separado de las industrias que la utilizan.

En principio nadie discute que la empresa que invierte en nuevas infraestructuras incurre en un riesgo adicional que no tenía con la vieja red. Lo que se pretende es impedir que Telefónica siga usando con discrecionalidad o preferencia la vieja red construida durante el monopolio y además compita con los operadores que construyen redes de nueva generación.

Es decir, se propone que Telefónica separe la vieja red de la nueva que está construyendo y que un operador independiente garantice la igualdad de trato. Esto evitaría polémicas como la reciente multa multimillonaria de la CE a Telefónica por una supuesta infracción de estrechamiento de márgenes.

Ono, la operadora con más red de fibra óptica, se opone a que Telefónica mantenga su estatus y no sólo construya su nueva red en base a los beneficios que obtiene de la vieja que le ha permitido dominar el mercado de banda ancha, sino que además se le autorice a competir sin trabas con los operadores de cable. Eugenio Galdón, presidente de ONO, dice que “si Telefónica no quiere la separación funcional tiene que seguir con las obligaciones de operador dominante y no puede exigir ventajas en la nueva red, porque entonces vuelve a tener un trato preferente frente a compañías como nosotros que hemos tenido que hacer un esfuerzo inversor desde cero”. Con este esquema Telefónica tendría que desprenderse de la vieja red pero mantendría la nueva.

El presidente de Telefónica, César Alierta, rechaza este planteamiento: “Esto frenará las inversiones, impedirá el desarrollo de la red y empeorará el servicio”. Tal como afirma es un debate que sólo se produce en Europa porque Estados Unidos y Japón ni lo han planteado. Advierte que este modelo solo se ha aplicado en Reino Unido y ha fracasado. Por el contrario, recuerda que la situación actual ha permitido acortar las fuertes distancias que mantenía España respecto a Europa en el desarrollo de la banda ancha.

Galdón advierte que la propuesta de Telefónica provocará una fractura digital, de forma que las grandes ciudades tendrán un buen servicio, del que no dispondrá el resto de España, que se tendrá que conformar con el ADSL de Telefónica. La solución la tendrá que tomar la CMT, que preside Reinaldo Rodríguez antes de final de año.