La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha resuelto el expediente abierto el 31 de enero de 2007 a Movistar, Vodafone y Orange, constatando indicios de prácticas anticompetitivas en la concertación de los precios del establecimiento de llamada.

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios el 1 de marzo de 2007, que puso fin al redondeo, las tres compañías incrementaron de 12 a 15 céntimos el precio que cobraban a sus clientes por establecer una llamada. Ante la similitud de las subidas y su coincidencia en el tiempo, la Dirección General de Defensa de la Competencia inició un trámite de información reservada con el fin de determinar si abría un expediente sancionador, como así sucedió el pasado 9 de octubre.

Las tres operadoras recibieron ayer el pliego de hechos, de carácter no vinculante y sin valor de acusación formal, precisando que incurrieron en una «práctica concertada no permitida». Ahora disponen de un plazo máximo de quince días para presentar sus alegaciones. Una vez resuelto este trámite, el expediente pasará a manos del Consejo Nacional de Competencia, que en caso de ratificar sus conclusiones puede imponer a las empresas infractoras un sanción del 10% de su facturación anual, próxima a los 1.500 millones de euros.

Movistar mostró su «sorpresa» y «absoluta discrepancia» con las conclusiones y señaló que «se limitó a adecuar sus tarifas a la ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos». Vodafone expresó su «discrepancia radical» con el informe, porque a su juicio «se equivoca gravemente al valorar los hechos, cuestiona la competencia del mercado y realiza un análisis incorrecto del derecho aplicable». Orange rechazó las consideraciones del informe, que considera «injustificadas ya que no responden en absoluto a lo que realmente ha ocurrido».