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La Comisión Europea ha promovido una consulta para incluir dentro de los derechos fundamentales de los usuarios el acceso universal a la banda ancha.

En este sentido, de aquí al 7 de mayo, Bruselas quiere conocer la opinión de todos al respecto de esta nueva iniciativa comunitaria y ha abierto los oídos a las propuestas que le vengan por parte de los operadores, gobiernos y ciudadanos.

De esta manera, se pretende actualizar la actual normativa, que data de 2002, a la nueva realidad europea. Y es que los derechos aprobados entonces  no responden al ritmo de una sociedad que avanza a pasos agigantados hacia un nuevo modelo que basa su riqueza en el acceso a la información y al conocimiento.

En 2007 la Comisión Europea ya rechazó incluir la banda ancha y el móvil en el servicio universal, alegando los altos costes que supondría  aprobar una medida así para aquellos países con una elevada dispersión de la población y una complicada orografía.

Para facilitar la participación en la consulta de las partes interesadas, Bruselas ha habilitado una página web en inglés, desde donde se recogerán todas las opiniones.

Además, la Comisión ha colgado una encuesta en pdf para responder a mano y ser enviada por correo postal a Policy Development Unit (B1), BU33 7/40. DG Information Society and Media. European Commission. B-1049 Brussels. Belgium. O por correo electrónico a INFSO-UNIVERSAL-SERVICE@ec.europa.eu.

Las contribuciones enviadas serán colgadas en el site de la Dirección General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (Directorate-General for Information Society and Media), estando a disposición del resto de la comunidad internauta.

Por otro lado, la Comisión Europea ha organizado un workshop para tratar el tema el próximo 30 de marzo en Bruselas, abierto a cualquier persona interesada, pero,  especialmente pensado para responsables políticos, reguladores,  agentes del mercado y organizaciones no gubernamentales representantes de los usuarios.

La Comisión Europea ha fijado un coste máximo de cobro por parte de las operadoras a los usuarios que utilicen Internet en el móvil en un país diferente al contratado.

De esta manera, se pretende evitar que al ciudadano le lleguen facturas por un importe muy superior al contratado en el país de origen, simplemente, porque están disfrutando de un servicio fuera del país habitual.

En este sentido, la Comisión quiere impedir casos como el de un ciudadano alemán que el año pasado recibió una factura por valor de 46.000 euros por descargarse programas de televisión en su móvil mientras viajaba por Francia o el de un estudiante de Erasmus que gastó 9.000 euros en conexiones a Internet a través del teléfono.

Por esta razón, Bruselas ha fijado un tope de 50 euros a los clientes que naveguen en Internet, a través de sus dispositivos móviles, en cualquier país comunitario diferente al de contratación de la tarifa.

No obstante, aquellas personas que tengan previsto hacer un viaje por Europa entre marzo y junio de 2010 deberán avisar a su compañía de que les corten el suministro a partir de esa cantidad.

Ese ha sido el plazo que ha fijado la Comisión Europea a las operadoras para que apliquen la nueva directiva. A partir del 1 de julio, estarán obligadas a cortar el tráfico cuando se superen los 50 euros y a avisar cuando se haya consumido el 80% de dicha cantidad.

Asimismo, tal y como ha declarado la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, esta protección es un “paso útil” para aumentar la confianza de los consumidores en el uso de Internet en el móvil.

Bruselas también ha recordado que las tarifas comunitarias deberán disminuir en los próximos dos años, ya que las nuevas normativas limitan a 1 euro por megabyte el precio que las operadoras de un país pueden cobrar a las compañías de otros estados para permitir que sus clientes usen sus redes. Esperemos que hagan caso y cumplan con ese plazo.

Pirateria.

La medida impulsada por Francia, y extendida a otros países, para combatir la piratería no gusta en el Parlamento Europeo. Un informe rechaza la posibilidad de aplicar el corte de Internet para sancionar a aquellos usuarios que descarguen contenidos desde redes P2P.

“Los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones”, reza el citado informe del diputado socialista griego Stavros Lambrindis, cuyas conclusiones han sido publicadas por Silicon News.

El eurodiputado considera que el corte de Internet no está justificado por su capital importancia en la formación e informaciónd e la ciudadanía en la actual sociedad. “El analfabetismo electrónico será el analfabetismo del siglo XXI y, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización”, opina Labrindis.

Francia impulsó la medida de corte de Internet para combatir la piratería. El proyecto propone que se corte el acceso a los abonados que, tras ser avisados, reincidan en el uso de P2P. Italia fue el siguiente país en mostrarse interesado en la medida y también trabaja en un proyecto similar.

Reino Unido también contempló la posibilidad pero pronto la rechazó, por considerarla incompatible con sus leyes. De esta forma, finalmente la medida que tiene más papeletas de salir adelante es un canon que se aplicaría a las facturas de banda ancha, como ocurre en España en los dispositivos digitales.