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El Gobierno español se ha puesto de acuerdo con representantes del Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU), después de unos meses de debate, para aprobar una ley que obligará a cambiar el actual canon por copia privada para hacerlo compatible con las nuevas exigencias de la Unión Europea.

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En concreto, los dos partidos que no forman parte del Gobierno (PP y CiU) han apoyado la ley con la condición de incluir dos enmiendas. Una de estas es la que afecta al canon digital y obliga al Gobierno a cambiar esta compensación para adaptarla a las normas de juego de la Unión Europea. Una reforma que seguramente no afectará a las personas jurídicas, sino únicamente a los particulares (una posibilidad que gustaría a las operadoras de telecomunicaciones, ya que no estarían obligadas a pagar el pato).

Por otro lado, la segunda enmienda determina que, a partir de ahora, intervendrán en el cierre de páginas webs dos comisiones. La primera hará de intermediario entre los propietarios de los derechos de autor y los administradores de las webs. La segunda actuará como representante de la industria en medio del proceso de cierre.

Esta es la que ha generado más polémica: la que abre la puerta al cierre de páginas webs. De hecho, ha provocado tantas reacciones como la dimisión del Presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, tras la entrega de los premios Goya el próximo 13 de febrero.

Un anuncio que ha causado tanta o más reacción que la aprobación de la ley conocida por todos como “Ley Sinde”. En este sentido, se han convocado ataques anónimos durante la gala de los Goya a webs próximas a instituciones y personas relacionadas directa o indirectamente con el redactado final de la ley.

Esperemos que al final el estado de crispación generalizado termine con un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

Si estarás interesado en el documento completo de la modificación de la disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, puedas clickar en este enlace.

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Según el informe impulsado por el Gobierno español, la patronal del sector tecnológico Ametic y la consultora tecnológica Everis para tomar el pulso al uso de las TIC en las empresas españolas, la banda ancha fija es la opción más extendida entre las que tienen acceso a Internet (92%), pero casi el 30% se anima con la banda ancha móvil.
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En este sentido, la banda ancha móvil es cada vez más una opción a tener en cuenta por parte de las empresas. Asimismo, según se desprende del documento, el 28,4% de las entidades con conexión a Internet lo hace de manera inalámbrica. Sobre todo gracias a la generalización del uso de los smartphones: el 83,8% se conectan mediante el móvil o la PDA. El 4% lo hace exclusivamente a través de la tarjeta de acceso y el 11% de las dos maneras.

Del total de empresas encuestadas (5.000), hoy por hoy disponen de Internet el 86,6%. Un porcentaje considerable si se compara con los primeros datos registrados en esta materia en 2001. Entonces el porcentaje de empresas que se conectaban al mundo online era del 51,7%.

No obstante, todavía existen barreras importantes para entrar en este mundillo. Las principales son la falta de formación del personal (24,9%), el alto coste (24%) y la inseguridad que transmite la Red para el tratamiento de la información (18,1%).

Por otro lado, la asignatura pendiente en el ámbito empresarial es captar la atención de los autónomos. Actualmente, el 55,9% de los 1.800 profesionales de este colectivo entrevistados utilizan Internet para desarrollar su actividad laboral.

Pero no todos los que utilizan Internet poseen conexión propia, ya que, según el estudio, únicamente 46,7% de los autónomos dispone de conexión particular. Y entre los que cuenta con una red de conexión a Internet propia el 91,6% navega a través de banda ancha fija, mientras que el 9,9% lo hace por medio de banda ancha móvil.

Esperemos que muy pronto estas cifras se vean incrementadas.

Según informó el viernes el gobierno tras el Consejo de Ministros, esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado los detalles relacionados con el pago de las televisiones privadas y las empresas de telecomunicaciones para financiar la Radio Televisión Pública Española (RTVE).

En concreto, las cadenas deberán ingresar a las arcas del Estado el 3% de los ingresos brutos anuales, las televisiones de pago un 1,5% y las compañías que operan en el mercado español de las telecomunicaciones el 0,9%.

Gracias a esta “ayuda”, la televisión de todos y libre de publicidad desde enero de 2010 conseguirá una aportación de 1.200 millones de euros, cifra que se sumará a las aportaciones directas del Gobierno, contempladas en los Presupuestos del Estado y a la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico.

La principal oposición a esta decisión del Gobierno ha venido de parte de las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), que reunidas en la asociación Redtel, han mostrado su rechazo al pago a RTVE, ya que entienden que no se han visto beneficiadas por la ausencia de publicidad en las cadenas públicas de televisión. En este sentido, han manifestado que van a recurrir el reglamento a los tribunales.

Las televisiones privadas, reunidas en la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca), principales beneficiadas de la ausencia de publicidad en RTVE, únicamente han mostrado su disconformidad en el pago de la cuota del 2009, ya que entienden que ese año las cadenas de RTVE sí contrataban publicidad.

Por otro lado, el reglamento todavía tiene que pasar por un último escollo, ya que la Unión Europea todavía mantiene abierto un expediente sobre si las tasas se ajustan a las directivas de telecomunicaciones.

No obstante, el Gobierno ha actuado animado por la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea del modelo de financiación de la RTVE.

Esperemos que, finalmente, se llegue a una solución satisfactoria, tanto para el Gobierno como para las empresas del sector.