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Hoy lunes 23 de agosto entra en vigor el nuevo código de consumo en Cataluña. Una nueva ley, aprobada por el parlamento catalán el pasado 30 de julio y que establece un periodo de adaptación de seis meses para las grandes compañías y un año para las pymes.

En este sentido, debido a esta nueva legislación, los consumidores catalanes no pagarán ni un euro por dirigirse telefónicamente a su compañía en caso de incidencia en el servicio contratado o producto adquirido.

De esta manera, las operadoras de telecomunicaciones tendrán que facilitar números gratuitos (900) a sus clientes si no quieren estar expuestas a sanciones por parte de la administración autonómica.

Revisando los teléfonos que actualmente ponen a la disposición de los usuarios las principales empresas del sector, las compañías que, en estos momentos, estarían vulnerando la ley serían Vodafone, ONO y Yacom (ya que, en este último caso, el de ahora es gratuito únicamente los tres primeros meses).

Por otro lado, el nuevo código también establece una protección especial para los “morosos leves”. Asimismo, las empresas que ofrezcan servicios básicos como el teléfono no podrán interrumpir el suministro en caso de impago de un recibo que haya sido reclamado.

En concreto, este tipo de compañías no podrán cortar el servicio ni inscribir a los clientes en ficheros de impagados si no se acumulan más de dos facturas y hayan notificado el impago con una antelación mínima de 10 días.

Además, la ley establece un amparo especial para los consumidores catalanohablantes. En este sentido, la Generalitat obliga a las empresas a dirigirse a los consumidores en la lengua de Pompeu Fabra tanto en las comunicaciones orales como en las escritas.

Esperemos que esta legislación ayude a mejorar, al menos en Cataluña, la opinión y la percepción que tienen los consumidores de la atención al cliente de las empresas de telecomunicaciones.

La Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha propuesto un anteproyecto de circular para legitimar el wifi gratuito que ofrecen las administraciones públicas y para evitar que este entre en competencia directa con las operadoras privadas.

En este sentido, ha sugerido que, en el caso de que las entidades públicas permitan a sus ciudadanos conectarse de manera gratuita a su red wifi, la velocidad de conexión no supere los 256kbps y que los edificios y grupos de edificios de uso residencial queden excluidos de la cobertura gratuita.

Además, el principio de acuerdo establecido entre la CMT, políticos, operadoras y ciudadanos considera que las administraciones públicas  puedan prestar por tiempo indefinido y de manera gratuita para el usuario servicio de acceso a Internet limitado a sus páginas web, así como el servicio general de acceso a Internet en bibliotecas y centros de fomento de actividades docentes o educativo-culturales, siempre que los usuarios acrediten su vinculación con el servicio mediante algún tipo documento identificativo.

Por otro lado,  el texto ha fijado que las administraciones públicas que exploten redes y servicios sin sujeción al principio del inversor privado (financiado por la propia administración pública), sólo podrán hacerlo si lo notifican a la Comisión Europea (salvo que el conjunto de las ayudas no supere el límite máximo de 200.000 euros establecido por la propia CE), o lo autoriza la CMT tras la preceptiva notificación y un análisis que certifique que no afecta negativamente al mercado o distorsiona la libre competencia.

Y es que el documento ha detallado que las administraciones públicas que exploten redes y servicios de comunicaciones electrónicas notifiquen esta situación a la CMT a través de un registro que no supondrá ningún tipo de coste para la entidad.

No obstante, no todo está hablado en este anteproyecto de circular, ya que el propio organismo impulsor ha abierto un periodo de 20 días para presentar alegaciones a dicho texto.

Estaremos atentos al redactado final del mismo para informar en ADSLEmpresas de las posibles modificaciones que pueda sufrir el texto.