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El Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores  (SGAE) contra  Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).

De esta manera,  gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural,  a través  de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.

En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.

En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE.  Tras esta acción, vemos una muestra  importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.

No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.

Si pensábais que la tormenta post Ley de Economía Sostenible se había calmado, estábais equivocados. La industria cultural española sigue en pie de guerra. Ahora ha sido el sector audiovisual quien ha alzado su voz y lo ha hecho para instar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que aplique la ley cuanto antes, con la máxima eficacia y el rigor necesario para erradicar la piratería.

“Seguridad, dignidad y respeto” es lo que quieren las asociaciones y entidades que forman la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y el Entretenmiento, que engloba la práctica totalidad de las discográficas, productoras, editoriales y fabricantes de videojuegos del mercado español. Al menos eso dice su presidente, Aldo Olcese, quien se muestra totalmente partidario del cierre de páginas webs sin autorización judicial previa porque, según él, es la manera más eficaz de acabar “con la sangría de la piratería”.

Olcese también ha expresado su indignación hacia quienes les acusan de defender posturas trasnochadas o de ir en contra de la libertad de expresión: “Queremos apoyar al Gobierno para que no de marcha atrás y advertirle de que, si lo hace, no estaremos a favor”. Además, apunta que la fecha del 31 de diciembre de 2009 puede ser definitiva en un sentido u en otro.

El noble objetivo de los miembros de esta asociación es proteger los empleos que se están perdiendo en el sector audiovisual, teóricamente por la piratería, y además piden a los usuarios que no se quejen tanto porque a fin de cuentas en España se aprobaría una ley de mínimos que solamente afectaría a los dueños de las webs, en ningún caso a los internautas que se aprovechen de las circunstancias.

Lo que está claro es que el debate va para largo, que la polémica seguirá su curso y que en ADSL Empresas lo seguiremos contando en las próximas semanas.