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Un juez de Barcelona dicta a favor de enlazar a redes P2P

P2PEl Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores  (SGAE) contra  Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).

De esta manera,  gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural,  a través  de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.

En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.

En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE.  Tras esta acción, vemos una muestra  importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.

No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.

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