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Así lo recoge uno de los artículos de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), o también conocida como la ley de internet, declarando en primera instancia el derecho universal a disponer de una línea de banda ancha independientemente del tipo de tecnología que se utilice, ya sea adsl, cable, WiMax, LMDS, o satélite entre otras.

Han pasado ya varios años, desde que la unión europea, otorgó a España, una considerable inyección económica para adaptar nuestro entorno urbano y rural a las nuevas tecnologías, los famosos fondos Feder. De hecho el límite para poder disponer de banda ancha en cualquier ubicación de España, finaliza a finales de este año 2007.

Sin embargo la realidad es que no sólo no se puede conectar a través de banda ancha desde muchos miles de pueblos de España, sino que ni siquiera existe alternativa de conexión por métodos tradicionales. La nueva LISI, hace su aparación abanderada también por el cumplimiento del compromiso de que la banda ancha sea un derecho universal, y cualquier ciudadano independientemente de donde se encuentre ubicado en España, tenga una conexión de banda ancha si así lo desea.

Desde luego, quien ha redactado la ley, o tiene un afán de protagonismo desmesurado, y lo único que pretende es colgarse una medallita más, o desconoce por completo los compromisos que a día de hoy existen ya con la unión europea, que suponemos que de nuevo hará sus deberes y le pasará otra jugosa factura a los órganos reguladores competentes, porque la LISI se toma un año de gracia, que la unión europea no concedió.

De hecho el plan director de infraestructuras de banda ancha, está planificado para los años 2004-2007.

Texto íntegro del documento:

“El objetivo del Programa de Extensión de la Banda Ancha en Zonas Rurales y Aisladas (EBA) es conseguir antes de 2008 la disponibilidad de banda ancha en las zonas rurales y aisladas del territorio español en unas condiciones técnicas y económicas similares a las existentes en las zonas urbanas.

Todo esto en coordinación con iniciativas similares de las Comunidades Autónomas y bajo el principio de neutralidad tecnológica y concurrencia de operadores.

Este programa permitirá acceder a la banda ancha a una población estimada en 8,5 millones de habitantes. Esta población se distribuye en más de 5.700 municipios a lo largo de las 2 fases de ejecución del programa en el que participan 14 Comunidades Autónomas y colaboran 3 adicionales.”