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La irrupción en las tiendas de tecnología en los últimos meses de aparatos que permiten leer libros publicados en formato electrónico ha propiciado que las editoras hayan dejado de criminalizar con la misma insistencia de antaño  las copisterías analógicas para volcarse en la reprobación de las páginas que permiten descargar libros sin coste alguno.

Cambian los tiempos y los formatos, pero en el fondo la esencia perdura con el paso de los años. Concretamente, esta semana la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha comunicado a través de su director ejecutivo Antonio María Ávila a la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde  su más rotundo respaldo a la Ley de Economía Sostenible, que abre la puerta al cierre de páginas web en sólo cuatro días.

En este sentido, ha informado que la piratería digital ha supuesto para el sector unas pérdidas en España de 1.400 millones de euros y ha añadido que en verano se dará a conocer un informe donde se detallará todo lo referente a este asunto.

Además, el director ejecutivo ha aprovechado el encuentro con la ministra para indicar que el problema de las descargas ilegales no sólo se soluciona con la ley, sino que es necesaria una campaña pedagógica para concienciar a los ciudadanos y a los medios de comunicación de que el comportamiento que se está adoptando en todo este tema no es el correcto.

Por otro lado, desde el Ministerio se han anunciado dos eventos clave que se van a producir en los próximos meses para tratar el futuro de libro y su adecuación a los nuevos cambios: reunión el 12 de abril en la Biblioteca Nacional de representantes del sector del libro de toda Europa y un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, titulado  “que es el papel y el e-book”, con expertos internacionales en la materia.

Sin duda, la tecnología lo está abrazando todo y es que Internet, como tantas veces se ha repetido, no es un medio ni un soporte más, sino un nuevo paradigma que ha llegado para cambiar los antiguos esquemas de la sociedad. Un nuevo escenario donde el acceso a Internet y, por extensión, la banda ancha cada vez será más importante.

El Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores  (SGAE) contra  Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).

De esta manera,  gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural,  a través  de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.

En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.

En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE.  Tras esta acción, vemos una muestra  importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.

No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.

Las asociaciones judiciales españolas han recibido esta semana una carta urgente de Red Sostenible. En ella, la plataforma creada por la Asociación de Internautas (AI) insta a los magistrados a denunciar la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible porque, según ellos, es “un atentado” contra la separación de los tres poderes básicos del Estado: el legislativo, el político y el judicial.

Una vez más, los argumentos de Red Sostenible se centran en la violación del derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental de las personas, tal como especifica la Constitución Española. Para los firmantes, “la Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la ley (…) y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web”.

Por este motivo, Red Sostenible alerta a los jueces de que la nueva ley podría interferir en su actividad cotidiana y exclusiva que también recoge la Carta Magna. En este sentido, los internautas recuerdan que los conflictos relacionados con la propiedad intelectual deben resolverse mediante recursos civiles, mercantiles o penales, pero en ningún caso frente a la sala de lo Contencioso – Administrativo. Además, insisten en que cuatro días son muy pocos para sentenciar “con rigor y sosiego” la suspensión, cautelar o definitiva, de una página web que presuntamente incumple las normas.

En ADSL Empresas no sabemos cómo acabará esta historia, pero lo que está claro es que la Asociación de Internautas se está tomando el asunto muy en serio, hasta llegar a las capas judiciales. A ver cuál es el siguiente paso y si tienen éxito en su denuncia.

Hace apenas 24 horas que nos hacíamos eco de las nuevas quejas de las asociaciones de internautas ante la Ley de Economía Sostenible que proyecta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ya tenemos novedades al respecto. Este martes se ha presentado en sociedad la plataforma Red Sostenible, cuyo objetivo es iniciar una ofensiva contra el texto que se pretende aprobar, y coordinar una serie de acciones reivindicativas aprovechando que España ocupa la presidencia de la Unión Europea.

Si accedemos a la web de la plataforma (www.red-sostenible.net) podemos leer los motivos que han llevado a su fundación y una declaración de intenciones: invadir “todos los espacios involucrados en legislar contra la ciudadanía”. ¿A qué espacios se refieren? Pues, entre otros, al Congreso de Economía de la Cultura (Barcelona, 29 y 30 de marzo), a la Reunión Informal de Ministros de Cultura (Barcelona, 30 y 31 de marzo), o a la Reunión de Ministros de Telecomunicaciones (Granada, 18, 19 y 20 de abril).

Protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, sí; pero nunca atentando contra los derechos individuales de las personas. Ese es el principal objetivo de Red Sostenible, según entendemos en ADSL Empresas tras leer sus estatutos básicos. Dicho manifiesto añade que “la ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar los derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual”. Lo dejan bastante clarito, pues.

Durante la rueda de prensa de presentación de Red Sostenible, un miembro de la Asociación de Internautas ha ido mucho más allá al acusar al gobierno de desplegar “medidas antiterroristas” para proteger a un mercado cultural “obsoleto”, generando “un estado de excepción” que, según él y sus compañeros de asociación, los equipara a los narcotraficantes y terroristas perseguidos por la Audiencia Nacional.

En fin, que la cosa va para largo. ¿O no?

El gobierno español y las asociaciones de internautas siguen enfrentados por el ya famoso anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Ya sabéis, consiste en que los jueces tendrán potestad para cerrar aquellas webs que vulneren los derechos de autor. Estas páginas serán clausuradas si están alojadas en España o bloqueadas si lo están en el extranjero, una vez se demuestre que atentan contra la propiedad intelectual.

Aunque se trata de un avance respecto a la idea inicial del gobierno, los internautas siguen con la mosca tras la oreja y se plantean nuevas protestas. De hecho, quieren aprovechar que España ocupa la presidencia de la Unión Europea para que sus voces se oigan con mayor fuerza a nivel internacional. Mucho nos tememos que eso es lo que persigue el gobierno: aprobar la Ley cuanto antes para dar ejemplo al resto de países miembros.

Los internautas consideran que la Ley es “un apaño y un atajo” que afecta directamente a los derechos individuales de las personas, llegando incluso violar la intimidad de quienes sean acusados, porque previamente se les podrá investigar. Asimismo, denuncian que el texto se ha elaborado sin contar para nada con la sociedad civil y, por ello, piden que el debate se extienda a la calle, no llegando a descartar algún tipo de votación. Sin embargo, el Consejo de Ministros publicará el Anteproyecto esta misma semana y su intención es remitirlo cuanto antes al Poder Judicial y al Consejo de Estado.

En definitiva, un capítulo más de la polémica entre el gobierno y los internautas. Se supone que cada uno defiende sus propios intereses, pero todos tienen parte de razón y parte de demagogia. Al menos eso creemos en el blog de ADSL Empresas. Y tú, ¿qué opinas? Deja tu comentario y háznoslo saber.