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Las asociaciones judiciales españolas han recibido esta semana una carta urgente de Red Sostenible. En ella, la plataforma creada por la Asociación de Internautas (AI) insta a los magistrados a denunciar la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible porque, según ellos, es “un atentado” contra la separación de los tres poderes básicos del Estado: el legislativo, el político y el judicial.

Una vez más, los argumentos de Red Sostenible se centran en la violación del derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental de las personas, tal como especifica la Constitución Española. Para los firmantes, “la Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la ley (…) y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web”.

Por este motivo, Red Sostenible alerta a los jueces de que la nueva ley podría interferir en su actividad cotidiana y exclusiva que también recoge la Carta Magna. En este sentido, los internautas recuerdan que los conflictos relacionados con la propiedad intelectual deben resolverse mediante recursos civiles, mercantiles o penales, pero en ningún caso frente a la sala de lo Contencioso – Administrativo. Además, insisten en que cuatro días son muy pocos para sentenciar “con rigor y sosiego” la suspensión, cautelar o definitiva, de una página web que presuntamente incumple las normas.

En ADSL Empresas no sabemos cómo acabará esta historia, pero lo que está claro es que la Asociación de Internautas se está tomando el asunto muy en serio, hasta llegar a las capas judiciales. A ver cuál es el siguiente paso y si tienen éxito en su denuncia.

Hace apenas 24 horas que nos hacíamos eco de las nuevas quejas de las asociaciones de internautas ante la Ley de Economía Sostenible que proyecta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ya tenemos novedades al respecto. Este martes se ha presentado en sociedad la plataforma Red Sostenible, cuyo objetivo es iniciar una ofensiva contra el texto que se pretende aprobar, y coordinar una serie de acciones reivindicativas aprovechando que España ocupa la presidencia de la Unión Europea.

Si accedemos a la web de la plataforma (www.red-sostenible.net) podemos leer los motivos que han llevado a su fundación y una declaración de intenciones: invadir “todos los espacios involucrados en legislar contra la ciudadanía”. ¿A qué espacios se refieren? Pues, entre otros, al Congreso de Economía de la Cultura (Barcelona, 29 y 30 de marzo), a la Reunión Informal de Ministros de Cultura (Barcelona, 30 y 31 de marzo), o a la Reunión de Ministros de Telecomunicaciones (Granada, 18, 19 y 20 de abril).

Protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, sí; pero nunca atentando contra los derechos individuales de las personas. Ese es el principal objetivo de Red Sostenible, según entendemos en ADSL Empresas tras leer sus estatutos básicos. Dicho manifiesto añade que “la ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar los derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual”. Lo dejan bastante clarito, pues.

Durante la rueda de prensa de presentación de Red Sostenible, un miembro de la Asociación de Internautas ha ido mucho más allá al acusar al gobierno de desplegar “medidas antiterroristas” para proteger a un mercado cultural “obsoleto”, generando “un estado de excepción” que, según él y sus compañeros de asociación, los equipara a los narcotraficantes y terroristas perseguidos por la Audiencia Nacional.

En fin, que la cosa va para largo. ¿O no?