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Los internautas responden a la llamada de socorro de su asociación

sos_100La Asociación de Internautas, la entidad representativa de los usuarios de Internet a nivel nacional más representativa, ha logrado salvar sus cuentas, gracias a las aportaciones altruistas de 25.000 personas.

Gracias a las donaciones que se han realizado a través de SMS y Paypal (el sistema de pago electrónico que ha cogido más fuerza en los últimos años), la sociedad podrá hacer efectivo a la SGAE los 36.000 euros impuestos por el Tribunal Supremo por albergar el dominio “Putasgae”.

No obstante, la campaña iniciada para conseguir donaciones por parte de la Asociación de Internautas continúa, ya que, de abonar esta cantidad, todavía quedaría pendiente el pago de los intereses y otros 14.000 euros de costas.

En este sentido, según se ha manifestado a través de un comunicado, este apoyo económico realizado por parte de los internautas, supone un gran reconocimiento a su trabajo y una inyección de moral para continuar adelante con las actividades de la asociación.

En este punto el texto remitido a los medios especifica los eventos más importantes en los que ha participado la asociación en el último año 2009, como pueden ser, en el plano nacional, las cuatro comparecencias en el Senado por temas relacionados con la sociedad de la información y el Encuentro Nacional de Internautas (ENI) de Langreo, organizado por Javier Cuchi en el que se abrió un importante debate sobre temas esenciales para el futuro de las libertades en la sociedad de la información.

En el panorama internacional destaca las dos ponencias en el Congreso Mundial de Privacidad que se celebró en febrero en Madrid y la participación mediante una ponencia de Ofelia Tejerina en unas jornadas organizadas por el Parlamento Europeo sobre copyright en la era digital.

Sin duda, la Asociación de Internautas cumple una función necesaria para los usuarios que, como se suele decir en estos casos, si no existiese, se tendría que inventar.

Un juez de Barcelona dicta a favor de enlazar a redes P2P

P2PEl Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores  (SGAE) contra  Jesús Guerra, acusado de enlazar en su web a redes de comunicación P2P (Peer to Peer).

De esta manera,  gracias a esta noticia, pierde fuerza la presión que está ejerciendo la industria cultural,  a través  de la SGAE , entre otros actores, para convencer al gobierno de la modificación de la actual ley de propiedad intelectual para hacerla más exigente con las páginas que ofrecen enlaces a contenidos “piratas”.

En concreto, la sentencia determina que no se puede criminalizar a estas páginas webs ya que, lejos de poseer contenido ilegal, “no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales”.

Además, como era de esperar, la noticia ha sido reciba con gran aceptación entre los usuarios de Internet. Incluso el presidente de la asociación que vela por sus intereses en España, Víctor Domingo, ha querido mostrar su satisfacción por la resolución judicial de Barcelona al afirmar que esta “redunda en que no se puede perseguir un mecanismo (las webs de intercambio P2P) que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley”.

En este sentido, para hacerse una idea de la dimensión que ha tomado esta sentencia en la Red, basta con buscar, por ejemplo, en Twitter el acrónimo SGAE.  Tras esta acción, vemos una muestra  importante de las reacciones de los internautas a esta decisión del juez.

No obstante, la pugna entre la industria cultural y los “piratas cibernéticos” todavía no se ha terminado, ya que ahora la patata caliente está en manos del Ministerio de Cultura, que tiene que decidir en los próximos meses si tira o no adelante un anteproyecto de ley de economía sostenible que, de aprobarse tal como está redactado ahora, otorgaría plenos poderes al gobierno para cancelar webs, sin juicio previo.

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